Uruguay y Canadá son los únicos países en los que se ha legalizado el consumo de marihuana, y esa es razón suficiente para que académicos uruguayos y extranjeros pongan la mira en nuestro país, para conocer el impacto de la regulación. El lunes la Junta Nacional de Drogas presentó los resultados de la VIII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, que mostró que el consumo de marihuana en estudiantes de enseñanza media no aumentó entre 2016 y 2018. Junto a esos resultados, se presentaron dos investigaciones que buscaron medir el impacto de esta política a corto plazo y lo que ha generado la venta de marihuana en las farmacias.

Impacto en el consumo

“Efectos a corto plazo de la ley que regula el mercado de marihuana en Uruguay” se titula la investigación de Magdalena Cerdá, profesora asociada del Departamento de Salud Poblacional del NYU Langone Health (centro afiliado a la Universidad de Nueva York) y directora del Centro de Epidemiología y Políticas Públicas Relacionadas con Opiáceos y Opioides de esa institución. Al presentar su trabajo, Cerdá comentó que, después del alcohol y el tabaco, la marihuana es la sustancia que más se consume en el mundo (3,8% dice haberla consumido en el último año, esto es, 188 millones de personas), y que en varios países su uso y su potencia ha ido en aumento. Recordó que si bien no es una droga que esté asociada a mayores problemas de salud pública, el uso temprano y frecuente encierra un mayor riesgo de que aparezcan trastornos psiquiátricos (como esquizofrenia), problemas respiratorios, que incida negativamente en accidentes de tránsito y en el rendimiento académico y profesional.

Cerdá se propuso evaluar los cambios en las percepciones de riesgo y disponibilidad de marihuana, y la prevalencia, frecuencia e intensidad del consumo. Para saber si los cambios en el consumo de marihuana se debían sólo a la aplicación de la ley, resolvió comparar la evolución del consumo en Uruguay con la de dos países de la región que no tuvieron cambios en su legislación, concretamente con 24 provincias de Argentina y 15 regiones de Chile con las cuales había mayor semejanza sociodemográfica.

La investigadora señaló que en la población general (de 15 a 64 años) la prevalencia de consumo en el último año y en el último mes después de implementada la ley en Uruguay tuvo “un leve aumento” (4,7% y 2,7% respectivamente) pero sostuvo que “ninguno de estos cambios fue estadísticamente distinto que cero, o sea, no fue distinto de lo que uno podría esperar por razones de variación aleatoria, no hubo un mayor aumento de consumo en Uruguay que se podría atribuir a la ley”. En relación a la población de 15 a 25 años, concretamente, también identificó un leve aumento en Uruguay respecto de lo que ocurrió en las regiones de Chile y Argentina, pero “no es una variación que sea mayor de lo que se podría esperar por razones aleatorias”, y lo mismo identificó en el grupo de mayores de 26 años. Tampoco halló ningún aumento en los síntomas de dependencia.

Puso el foco en la población escolarizada (de 13 a 17 años) y por la disponibilidad de datos, la comparación sólo se hizo con las 15 regiones chilenas; tampoco allí encontró cambios significativos en cuanto a la percepción del riesgo por uso frecuente, a la facilidad de acceso, a la prevalencia del consumo por año y por mes. “El pasaje de la ley no llevó a un mayor aumento de consumo de marihuana entre estudiantes de enseñanza media”, reafirmó.

Dado que la legalización del consumo de marihuana es para mayores de 18 años, para ver el impacto de la ley Cerdá buscó evaluar cómo había variado el consumo de marihuana entre los menores y los mayores de 18 años. “Si la ley tiene efecto, se vería un mayor aumento en los mayores porque tienen una vía legal de acceso”, se dijo. La variables que usó fue comparar el uso riesgoso de marihuana (para eso se apoya en una escala que evalúa si la persona fumó antes del mediodía, si fumó solo, si tiene problemas de memoria al fumar marihuana, si la familia o los amigos le han dicho que debería reducir el consumo, si ha intentado reducirlo sin tener éxito, o si ha tenido problemas asociados al consumo, como peleas, accidentes o bajo rendimiento académico) y la de uso intenso, que se aplica si consumió igual o más que diez días en el último mes. “Después de 2014 hubo un mayor aumento en el uso riesgoso en los mayores de 18 años en Uruguay” y la diferencia entre el consumo entre de menores y mayores de 18 años creció en Uruguay, y aumentó más en comparación con Chile, lo que indica que “el mayor aumento de consumo riesgoso fue enfocado en mayores de 18 años en Uruguay”, expresó. Y algo parecido observó para la variable del uso intenso: posiblemente ha habido un aumento en el uso intenso en esa población que ahora tiene acceso legal a la marihuana, dijo.

Como conclusión, Cerdá remarcó que se trata de datos preliminares, puesto que las farmacias comenzaron a vender marihuana en 2017 y la medición que hizo es de 2018, por lo que es necesario ver el impacto con mayor distancia. De todos modos, comentó que “la regulación del mercado de la marihuana parece que tiene efectos limitados en el consumo de la marihuana, o sea que a nivel de la población no hemos visto aumento en el consumo”. Sí identificó que “puede ser que haya un posible aumento en consumo riesgoso e intenso en adolescentes de 18 años y más, pero eso se debería contrastar con las buenas noticias de que entre aquellos estudiantes que no tienen acceso legal no se ha visto un aumento en consumo problemático”.

Impacto en la opinión

Rosario Queirolo, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, se dedicó a estudiar el impacto de la ley por medio de la venta de marihuana en farmacias, la vía más visible (en parte por las filas que se forman por la baja oferta), puesto que los clubes cannábicos no se publicitan, y tampoco la vía del autocultivo. Informó que a enero de 2020 había 17 farmacias que vendían marihuana, ubicadas en diez departamentos (siete en Montevideo, dos en Maldonado y una en Artigas, Flores, Lavalleja, Paysandú, Salto, San José, Soriano y Treinta y Tres). La cobertura territorial es poca, dijo; el número de personas registradas para comprar en las farmacias pasó de 9.221 cuando se empezó a vender a 39.423 en enero de 2020.

El equipo de Queirolo encuestó a vecinos y entrevistó a dueños o encargados de farmacias que venderían y no venderían marihuana en junio de 2017 –un mes antes de que comenzara la venta en farmacias– y volvió a hacerlo en agosto de 2018. En total contactó a 1.298 vecinos y a 119 encargados de farmacias. Queirolo dijo que previo a comenzar la venta, los encargados de farmacias manejaban argumentos muy disímiles; algunos decían que no venderían porque tenían miedo de que hubiera problemas con la seguridad, o no veían la rentabilidad (algunos preferían no vender porque no sabían si iba a ser bien recibido por la gente) o por prejuicios. “En algunos casos, esos prejuicios sobre los usuarios también se vinculaban a temas de seguridad, como diciendo ‘Andá a saber si cuando no hay marihuana, me prenden fuego la farmacia’”, planteó.

En agosto de 2017, a raíz de la amenaza del sistema bancario de aislar a las farmacias que vendieran marihuana, algunas dejaron de vender, pero luego se sumaron otras. En total, los investigadores entrevistaron a encargados de 20 farmacias que vendían marihuana; en 2018, 16 de ellos declararon no haber tenido problemas con la dispensación, 14 dijeron no haber recibido quejas de vecinos o clientes por vender marihuana, y algunos que sí lo hicieron fue por “vender una ‘droga’”, puntualizó Queirolo. Para la mayoría de los encargados de las farmacias, no sólo quedaron atrás los temores respecto de la inseguridad, sino también algunos estereotipos: 12 respondieron que consideraban que los consumidores de marihuana eran “muy o algo parecido a ellos mismos, que son gente común”, dijo la investigadora. “Ninguno de aquellos temores sobre lo que podía pasar con la venta de marihuana en farmacia resultaron ser fundados, al menos en la gente que está a cargo de la farmacia”, sostuvo.

En cuanto a la percepción de inseguridad, el estudio halló que tanto los vecinos de las farmacias que venden marihuana como los de las que no venden identificaron entre 2017 y 2018 un aumento de desorden social, pero que “los vecinos de farmacias que venden encuentran que hay menos desorden social que los vecinos de farmacias que no venden”. Además, se halló que los vecinos de las farmacias que venden marihuana “perciben que la ley tiene un impacto mayor en la reducción del narcotráfico” porque hacen fila para comprarla y suponen que “en algún sentido le habrá sacado un pedazo de mercado al narcotráfico”. Al igual que Cerdá, Queirolo resaltó la importancia de continuar monitoreando el impacto de esta política.

Comparación con la regulación estadounidense

Prohibir y aumentar sanciones o la liberalización absoluta son los dos extremos de un abanico de opciones a la hora de pensar la regulación del consumo de marihuana, y en el medio están las diferentes estrategias adoptadas por los países, que implican una mayor o menor incidencia estatal y comercial. Cerdá comparó la regulación uruguaya con el modelo comercial adoptado por varios estados de Estados Unidos, que legaliza la producción, venta y consumo de marihuana por razones recreativas con un predominio del sector privado sobre la calidad y potencia del producto, con un mínimo rol estatal en la regulación. Dijo que en Estados Unidos se ha observado un pequeño aumento de abuso y dependencia de esta sustancia entre adolescentes y en mayores de 25 años, así como un aumento de consumo de alcohol en mayores de 25 y de accidentes de tránsito, pero aclaró que esto ocurre con el modelo comercial estadounidense.

En cambio, dijo que en Uruguay, en contraste con Estados Unidos, se puso límites en la cantidad de producto que se puede producir y vender, en la potencia y clase de producto que se puede vender, y en todo el proceso de producción. Cerdá concluyó que “este tipo de modelo de legalización de la marihuana donde el mercado es altamente regulado [por el Estado] puede tener efectos en términos de salud pública y sociales mucho más positivos”.

 

Fuente, la diaria