Uruguay ha sido un país pionero en la legalización de la marihuana para uso recreativo y medicinal. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para eliminar la criminalización de las mujeres que se relacionan con el cannabis, lo que ha generado un amplio debate en la sociedad uruguaya.
En este artículo, abordaremos algunas claves para entender la criminalización de las mujeres relacionadas con el cannabis en Uruguay, y los desafíos que esta situación plantea para la igualdad de género y los derechos humanos.
La situación actual
En Uruguay, el cultivo y la posesión de cannabis para uso personal están permitidos por ley, siempre y cuando se respeten ciertos límites. Sin embargo, la comercialización y el transporte de esta sustancia siguen siendo ilegales, lo que ha generado un mercado negro en el que participan muchas mujeres.
Según datos de la Junta Nacional de Drogas, en 2020 el 22% de las personas detenidas por delitos relacionados con el cannabis eran mujeres. Esto revela que la criminalización de las mujeres no ha disminuido, a pesar de la legalización de la marihuana.
Además, las mujeres que se dedican al cultivo y venta de cannabis enfrentan desafíos específicos, como la discriminación por su género y el riesgo de sufrir violencia por parte de las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas mujeres son estigmatizadas y vistas como delincuentes, lo que dificulta su acceso a empleos formales y a otros derechos fundamentales.
Desafíos para la igualdad de género
La criminalización de las mujeres relacionadas con el cannabis en Uruguay plantea importantes desafíos para la igualdad de género y los derechos humanos. En primer lugar, esta situación refleja la persistencia de estereotipos y prejuicios de género que afectan a las mujeres que se dedican al cultivo y venta de cannabis.
En segundo lugar, la criminalización de estas mujeres también afecta a su acceso a la justicia y a la protección de sus derechos. En muchos casos, las mujeres que son detenidas por delitos relacionados con el cannabis no tienen acceso a un abogado, lo que limita sus posibilidades de defenderse ante la justicia.
En tercer lugar, la criminalización de las mujeres relacionadas con el cannabis también afecta a su salud y bienestar. Las mujeres que son detenidas por este tipo de delitos pueden enfrentar graves consecuencias para su salud mental y física, incluyendo el trauma y la estigmatización.
Conclusiones
La criminalización de las mujeres relacionadas con el cannabis en Uruguay es un problema que requiere una respuesta integral y coordinada por parte del Estado y la sociedad civil. Es necesario abordar los prejuicios de género y la discriminación que afectan a estas mujeres, así como garantizar su acceso a la justicia y a la protección de sus derechos.
Para ello, es fundamental impulsar políticas públicas y estrategias que promuevan la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su género o de la actividad que realicen. Solo así se podrá lograr una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con la diversidad.
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