El paulatino pero vertiginoso cambio en las políticas sobre la regulación y consumo de sustancias por parte de las nuevas autoridades en sus declaraciones públicas, sumado a las extrañas razones de realizar allanamientos contra autocultivadores registrados en el Ircca, generan la razonable duda de que si no hay injerencia directa sobre las fuerzas uruguayas de la Agencia Internacional, hay un alineamiento político de claro corte punitivo.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) había vuelto a Uruguay en 2012 después de muchos años de operar en el territorio desde su oficina central regional en Buenos Aires.
Los constantes roces de los funcionarios de esa agencia con el gobierno de los Kirchner (similares a los que tenia con los gobiernos de Bolivia y Venezuela) los llevó a tomar la resolución de instalar su oficina regional en la embajada de Estados Unidos en Uruguay, en la que estuvieron hasta el año 2019. La decisión era un poco sorpresiva, ya que en 2012 se estaba en pleno debate del proyecto de Ley de Regularización del mercado y consumo del cannabis, proyecto sobre el que la DEA se había pronunciado públicamente en contra, al igual que la mayoría de los legisladores de la oposición en aquel momento, mucho de los cuales ahora están en el Poder Ejecutivo.https://cd465daf6b8965e52d06fc171f731ed9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
El 12 de diciembre de 2013, una nota de la BBC consignaba: “La Administración para el Control de las Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) rechazó la nueva ley que regula la producción y venta de la marihuana en Uruguay aprobada el martes por el Congreso”.
Consultado sobre el tema por el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Thomas Sparrow, el vocero de esa entidad gubernamental estadounidense, Rusty Payne, dijo que «la legalización de la marihuana, sin importar cómo comience, vendrá a costa de nuestros niños y de la seguridad pública».
Payne agregó en su comunicado que «creará dependencia y temas de tratamiento, así como abrirá la puerta al uso de otras drogas, a la disminución de la salud, el comportamiento delincuencial y a conductores narcotizados».
“El Senado de Uruguay convirtió este martes al país sudamericano en la primera nación del mundo en la que el Estado controla la producción y venta del cannabis”.
Sin embargo, consultados varios exjerarcas del Ministerio del Interior, policiales y de la Junta Nacional de Drogas de los gobiernos frenteamplistas, manifestaron a Caras y Caretas que los oficiales de enlace de la DEA con las autoridades uruguayas no se manifestaron abiertamente en contra de la ley y se limitaban a aportar información operativa a la policía uruguaya.
Para algunos de estos ex jerarcas, el celo mayor de las autoridades uruguayas era que la DEA no tuviera contactos horizontales con las fuerzas del orden del Uruguay, entre los que se encontraban algunos oficiales contrarios a la ley, pero los contactos horizontales nunca se pudieron comprobar y menos controlar. Para otros exjerarcas, los oficiales de la DEA “vendían” a los oficiales uruguayos su experiencia dentro del contexto del famoso Plan Colombia, un fracaso que no resolvió el problema tras dejar un baño de sangre, y que obligó a que algunos países como Uruguay asimilaran la experiencia de varios estados de Estados Unidos de transitar el camino de la legalización y la regulación del mercado cannábico.
Con alfombra roja
Con el triunfo de Lacalle Pou, que paradojalmente fue impulsor de legalizar y regular el consumo y la producción de cannabis, el Ministro Jorge Larrañaga volvió tras sus pasos.
En 2011 ya había dejado claro su postura, manifestando: «No estoy de acuerdo con el proyecto de ley sobre legalizar el autocultivo de la marihuana. En países donde se habilitó están de vuelta».
Con la derrota a cuestas, no resulta extraño el fuerte impulso contra las políticas heredadas del gobierno anterior sobre el tema cannabis y la solicitud de que la DEA vuelva al país.
En junio de 2020 el Ministro Larrañaga expreso a la prensa: “Me he comunicado con la DEA (la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos dedicada a la lucha contra el tráfico de drogas) así como con “otras agencias de seguridad” internacionales con el objetivo de que se instalen en Uruguay.
Nosotros tenemos conocimiento de que la DEA se fue del país porque no encontró respuestas en el gobierno anterior. No se fue porque estaba solucionado el tema del narcotráfico. Se fue a Buenos Aires porque -repito- nosotros tenemos información no oficial de que la DEA no recibía las respuestas que la institución requería en Uruguay.
Yo he hablado con las agencias y me parece importante que puedan estar en Uruguay porque el país precisa tecnología y recursos para poder tener más efectividad en la lucha contra el narcotráfico.
Son contactos reservados que se tienen en función de buscar la colaboración de todas aquellas instituciones que nos permitan dar respuestas en materia de una lucha contra el narcotráfico que evidentemente tenemos que librar en el país (…) Si no libramos esta guerra con toda decisión, con todos los costos que pueda tener, vamos a tener numerosos dramas en la vida nacional”.
Al exsubsecretario del Ministerio del Interior Jorge Vázquez no le consta que la DEA se fuera del país por la falta de respuestas de las autoridades del momento. “La DEA fue muy importante en brindar información que permitió llevar adelante importantes procedimientos como la famosa Operación Campanita. Seguro se fueron porque consideraron que el combate al narcotráfico por parte de las las autoridades uruguayas era suficiente.
En octubre de 2020 Uruguay pidió formalmente a Estados Unidos que reabra la oficina de la DEA en Uruguay para colaborar con el Ministerio del Interior.
El planteo fue realizado por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al reunirse con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ulrich Brechbuhl.
El jerarca norteamericano había viajado a Uruguay, entre otras cosas, para analizar la cooperación entre ambos países en temas como seguridad.
Además, el propio canciller Francisco Bustillo en su visita a Estados Unidos buscó profundizar en el planteo con el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Sin embargo, en febrero de 2021 y quizás por la confidencialidad con que se manejan estas agencias (recordemos que la DEA, “hija” del expresidente Richard Nixon también es una agencia de Inteligencia), la embajada de Estados Unidos en su página afirma que “la DEA está activamente involucrada en Uruguay”, mientras se espera su retorno a Montevideo.
El caso que más dejó evidenciada la participación activa de la DEA en Uruguay fue el operativo de extradición en mayo de 2020 del narco mexicano líder de los Cuines, Gerardo González Valencia.
Pechando la Ley
El ministro Jorge Larrañaga, contrario a la regulación del mercado cannábico, ha pedido información del Ministerio del Interior al Ircca para tener la lista de usuarios registrados como consumidores de marihuana, algo que violenta la propia ley aprobada, pero que, además, podría perfectamente -a través de la orden de un juez- solicitarle al Ircca si en ese caso en particular hay un registro de autocultivadores o un club, pero para ese caso en particular en el marco de una investigación, no una liberación total de los usuarios y de los registros.
Registro de facto
Los allanamientos contra autocultivadores y clubes de membresía, incluso emprendimientos de capitales privados, se vienen repitiendo con distintas excusas.
En las localidades de Sauce, Guichón, Punta Rubia, Valizas, Punta del Diablo (allanamientos en general contra los que el director de la Intendencia de Rocha, Martín Rodríguez, vecino de la zona, alguna vez calificó de hippies), zona rural de Fray Bentos, y en otros puntos del país, el procedimiento se ha reiterado, en general contra autocultivadores ya registrados y donde no se ha podido demostrar que posean más de las seis plantas establecidas por ley.
Estas actuaciones han ameritado denuncias en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y hay preocupación en los clubes cannábicos por su realización sistemática sin que el ministro Larrañaga ofrezca explicaciones.
El allanamiento, mas allá de sus resultados, expone públicamente al sujeto allanado y las fuerzas de seguridad realizan una suerte de registro forzoso.
Para Julio Rey, registrado como autocultivador, en el Ircca, en los hechos lo que se está avalando por parte del Ministerio del Interior es “cuál es el peso de una ‘denuncia anónima’ a la hora de constituir semiplena prueba de delito a fines de poder ordenar un allanamiento o inspección de los cultivos e incluso cuál es la validez del llamado ‘allanamiento voluntario’, ya que para entrar a un hogar, salvo por expresa voluntad de sus responsables, solo se podría con orden de allanamiento por escrito y con firma de un juez. No podemos dejar de nombrar la criminalización de un completísimo colectivo de cultivadores regulados, sobre los cuales las declaraciones del ministro y su ministerio extiende una tenebrosa sombra de sospechas infundadas”.
¿Y la DEA?
En enero de este año, el ministro Jorge Larrañaga anunció que centrará el combate al narcotráfico (¿narcomenudeo?), dotando a la Policía de drones para los operativos y nuevo armamento para la Guardia Republicana Nacional, específicamente calibre 9 mm y 565 con equipamiento de miras especiales.
Tenemos razones para pensar que la DEA no hará de agencia de compras de armamento; tampoco se los ve públicamente identificados participando en los operativos, y los humildes ranchos en Rocha en los que ingresaron no parecen haber demandando muchísimo trabajo de Inteligencia y menos formar parte del narcotráfico.
¿Son los auto cultivadores conejillos de Indias para procedimientos de mayor envergadura?
Por ahora el único efecto que logrará es que los cultivadores no se registren y volvamos a la sombra gris del mercado irregular.
Y a todo esto, ¿que hace la DEA en Uruguay?
Caras y Caretas consultó al Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, y al Director General de Secretaría, Dr. Luis Calabria, sobre la presencia de la agencia internacional en Uruguay, pero han mantenido profundo y prolongado silencio.
Allanamiento en Punta Rubia:
El pasado 25 de febrero, a las 14.30, un grupo de aproximadamente 20 efectivos policiales, entre los que se cuentan, uniformados de azul, Policía Técnica y efectivos vestidos de negro con metralletas, pasamontañas negros y chalecos antibalas, irrumpieron en forma violenta y sin identificarse en el domicilio del vecino P.V., de 35 años, uruguayo, con residencia permanente en el balneario. Ingresaron en el predio sin identificación. Allí se encontraban dos amigos del dueño de casa que fueron reducidos a punta de metralleta en la cabeza. A uno de ellos, L.S., de 32 años, también con un arma en la cabeza, le dieron a firmar un documento que según le dijeron lo hacía responsable y tutor de las plantas de cannabis que se encontraran durante el allanamiento L.S. leyó el documento en presencia del mencionado despliegue policial y, como mencionamos antes, con un arma en la cabeza. No está seguro de lo que firmó, pero según el relato de los vecinos presentes, le repetían a los gritos que era como testigo y custodio de las plantas. Ahora él siente preocupación porque en realidad no conoce el tenor del documento que firmó. Les pidieron documentos y no los dejaron moverse del lugar amenazándolos con armas. Luego de eso, ingresaron a la casa de P.V. Para hacerlo, rompieron la puerta de entrada con una patada y la arrancaron. Una vez dentro, dieron vuelta todas sus pertenencias incluyendo ropa, instrumentos musicales, tambores que fueron golpeados, herramientas de trabajo, comida y todo lo que había en la casa, con mucha violencia y desprecio.También arrancaron la puerta de ingreso al baño. Mientras esto ocurría dentro de la casa, afuera sobrevolaban drones y un escuadrón de policías armados custodiaba la puerta y la esquina de la casa. En el jardín se encontraron una pocas plantas de marihuana dentro del número legalmente permitido para usuarios registrados ante el Ircca, como P.V. Los vecinos, alarmados, concurrieron a la casa y explicaron a la Policía que el propietario de la casa se encontraba trabajando. P.V. es carpintero y en ese momento se encontraba en La Paloma en una obra en la que está contratado. Una de las vecinas, K.L., de 28 años, explicó a la Policía que P.V. está registrado en el Ircca y les mostró los documentos de registro cuya copia adjuntamos. En ese momento la Policía desistió de arrancar las plantas y se comunicaron con los superiores, explicando que les habían mostrado el registro. El oficial R.T., responsable de la operación, ordenó que se retiraran, sin ofrecer explicaciones y dejando un tendal de destrozos en muebles, pertenencias, herramientas de trabajo, puertas.
Fuente: Caras y Caretas
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